Minería bajo amenaza: la influencia del crimen organizado en Perú

Por: Sandor Lukacs de Pereny^[1] y Pablo Zeballos^[2].

¿Cómo afecta a la actividad minera el crimen organizado en Perú? El presente artículo de investigación examina la transformación de las redes criminales en América Latina y su impacto específico en la minería peruana. Los autores analizan la reconfiguración de redes criminales, la evolución de mercados ilícitos y las dinámicas de control territorial. Asimismo, se abordan tanto la minería ilegal como la formal, sus consecuencias económicas, sociales y ambientales, y se plantean reflexiones clave sobre cómo abordar estos complejos desafíos.

Introducción

Actualmente, en gran parte de la región latinoamericana, se evidencian una serie de transformaciones tanto en la delincuencia común como en la criminalidad organizada de características transnacionales. Estos cambios representan una verdadera reconfiguración de la morfología y la operatividad de las organizaciones y redes criminales, impulsando la búsqueda de nuevos mercados ilícitos y la diversificación de sus operaciones criminales. Esto genera o potencia la formulación de nuevos equilibrios, la configuración de redes, acuerdos, fricciones y también conflictos que se evidencian y afectan a la seguridad de la sociedad.

Esta evolución del crimen organizado es considerada por expertos como una transformación histórica que trasciende fronteras y está afectando a gran parte de la región, convirtiéndose en una amenaza directa y existencial para la democracia y el Estado de derecho de naciones que han subestimado, durante años, el potencial destructivo de esta forma de criminalidad^[3]. Las organizaciones criminales han desarrollado una habilidad comprobada para mutar, infiltrarse, adaptarse y aprovechar las vulnerabilidades de los sistemas democráticos. En otras palabras, van carcomiendo las bases y socavando las estructuras gubernamentales e institucionales, especialmente en democracias o sociedades frágiles o divididas, caracterizadas por un sustancial deterioro institucional.

En esta nueva ola criminal, el narcotráfico ha dejado de ser el único y principal motor del crimen organizado. Nuevos mercados interconectados, como la minería ilegal, la extorsión generalizada, el control de rutas y trochas de migración irregular emergen como componentes clave. Estos operan como mercados emergentes, potenciadores de otras economías ilícitas o como fuentes fundamentales de ingresos tanto para estructuras criminales consolidadas, como aquellas en crecimiento o expansión. Al mismo tiempo que sustentan y promueven dinámicas de pertenencia, identidad, presencia y control territorial. Aunque países como Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile y Perú enfrentan estos desafíos criminales con lógicas aparentemente similares, las particularidades, complejidades y contextos específicos ameritan un examen riguroso y detallado.

Respecto a la minería ilegal, especialmente de oro, datos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, citados por un sitio especializado de investigación^[4], indican que ha tenido un avance significativo en el país, superando incluso a todas las actividades ilegales, incluido el narcotráfico. Esto se explica por varios factores. En términos de rentabilidad, la minería ilegal se ha convertido en la principal fuente de ingresos ilícitos, generando miles de millones de dólares en ganancias. Es un activo de refugio en momentos de crisis global, demandado tanto por actores lícitos que no consideran el origen o método de extracción, como por actores criminales que lo utilizan como activo de refugio por su precio en alza o al menos estable, o como medio de lavado y blanqueo de capitales mediante técnicas menos riesgosas y de fácil transacción.

Para algunos actores criminales, el oro, en lo práctico, no ocupa tanto espacio de almacenamiento como el dinero en efectivo, no necesariamente registra números de serie y, lo más importante, no se deteriora mientras se almacena en espera de sus procesos de blanqueo o de inyección en las economías lícitas.

En esencia, la demanda global de oro, ya sea por actores legítimos o criminales, hace que este recurso emerja como una fuerza motriz de este nuevo fenómeno criminal. Esto impulsa el aumento de operaciones y actos delictivos relacionados, desencadenando luchas por el control territorial y nuevas plazas de mercado, lo que propicia niveles extremos de violencia. Nos referimos a grupos armados que luchan entre sí, que atacan a las autoridades, amenazan la minería formal y, sobre todo, afectan a la población local.

La minería ilegal como componente del crimen organizado

En este escenario, podría ser un error estimar que el crimen organizado emergente está únicamente interesado o vinculado con la minería ilegal. En realidad, debido a su naturaleza flexible y adaptativa, el crimen organizado ha identificado en todo el arco de la actividad minera un mercado nuevo y rentable. Por lo tanto, intentará no solo controlar la extracción de minerales en todas sus dimensiones, sino también obtener réditos de toda la cadena productiva y logística, independientemente de si la minería está formalizada o no. La alta rentabilidad del negocio minero impulsa a que los objetivos de las estructuras del crimen organizado evolucionen y se expandan. Esto no se limita únicamente a ofrecer servicios a la minería ilegal, ya que su modus operandi se basa en extorsionar y gestionar directamente la extracción.

Este fenómeno progresa en paralelo con el aumento del control territorial resultante de la retracción del Estado y la inestabilidad social. El incremento de las ganancias y la capacidad militar y operativa de las estructuras criminales, generan una cadena de valor criminal que genera dinámicas de corrupción e impunidad.

Las estructuras criminales dominantes no solo explotan y controlan a otros grupos delictivos y mineros ilegales, sino que también toman control de yacimientos y puntos estratégicos de operación mediante acciones extremadamente violentas y sangrientas. Estas acciones pueden resultar en la desaparición de estructuras menores o en su integración forzosa dentro de las organizaciones dominantes, lo que refuerza la influencia de la marca criminal predominante. Es plausible proyectar que, en un futuro cercano, la actividad minera ilegal se concentre en unas pocas organizaciones criminales consolidadas territorialmente en este sector específico. Estas organizaciones podrían comenzar a expandir su influencia desestabilizadora hacia las compañías mineras formales ubicadas en sus zonas de control.

Extorsión en la minería formal e informal

En cuanto a la minería legal y formalizada, el crimen organizado aspira a continuar generando dinámicas extorsivas, incluyendo secuestros, en sus zonas de producción y operación. Esto afecta tanto a las empresas como a sus trabajadores y subcontratistas. También se amenazan las rutas logísticas e incluso los puntos de salida en los puertos, fundamentales para el ciclo productivo minero. Actualmente, observamos que para las organizaciones criminales el control interno y periférico de recintos portuarios es prioritario.

Respecto a la minería informal, las estructuras de crimen organizado se centran en el cobro de extorsiones. Específicamente, cada minero está obligado a pagar una cuota o "vacuna", que puede volverse una exigencia ilícita impagable, convirtiendo rápidamente la faena informal de minería en una propiedad de la estructura criminal dominante. La extorsión también puede incluir el pago por toda maquinaria o medio logístico que el minero utilice, aunque sean de su propiedad, u otras dinámicas de arrendamientos exclusivos a precios sobrevalorados de equipos controlados por las estructuras criminales. Además, pueden exigir la contratación de personas bajo su control, especialmente aquellas con conocimientos técnicos, quienes normalmente están sometidas a lógicas y dinámicas extorsivas.

Estas estructuras criminales también mantienen el monopolio de la venta de drogas en paralelo con el contrabando de armas y explosivos, generando así un circuito económico integrado de ganancias. Estas actividades se combinan con otras acciones de control criminal, como la prostitución, los préstamos informales y los cobros por el uso de rutas que controlan ilícitamente.

Minería ancestral y control territorial

En el caso de la denominada minería ancestral, los grupos criminales buscan controlar territorios y apropiarse de la producción minera. Además, están involucrados en la trata de personas y la destrucción del medio ambiente, incluyendo áreas protegidas. Otra grave consecuencia es el desplazamiento de comunidades indígenas, que son reemplazadas por mineros ilegales bajo su control. Utilizan el territorio controlado, a menudo zonas protegidas, como bases de operaciones o refugio mientras desarrollan su capacidad militar y se modernizan logísticamente.

Ecosistema criminal transnacional

La minería ilegal representa solo una parte de un complejo ecosistema criminal con alcance transnacional, que involucra a actores locales, regionales y extrarregionales que consideran esta actividad una fuente de ingresos altamente lucrativa, complementaria a otras operaciones delictivas. Este ecosistema incluye individuos que cobran por el uso de dinamita para abrir rocas y túneles, operadores de maquinaria y trituradoras de roca, así como proveedores de alimentos, combustible y drogas como cocaína, marihuana u otras sustancias controladas. Además, forman parte de este entramado quienes ofrecen servicios de trabajadoras sexuales, de alimentación, recreación y otros afines.

En el Perú, la criminalidad organizada se ha convertido en una de las principales amenazas para el Estado y la estabilidad del país, una situación similar a la que enfrentan Ecuador y Chile. Existen indicios de que la expansión de la minería ilegal a otras regiones del país se debe a lógicas de control territorial criminal, la expansión de organizaciones delictivas y un Estado debilitado con altos niveles de corrupción, que impiden el control efectivo de este avance. En términos territoriales, el ecosistema criminal de la minería ilegal se concentra principalmente en siete departamentos: Madre de Dios, Arequipa, Puno, Piura, Amazonas, La Libertad y Ayacucho.

Cooptación de autoridades y conflictos en Pataz

El problema descrito inicialmente se agrava con sospechas de que actores involucrados en la minería ilegal han logrado cooptar autoridades en los tres niveles de gobierno: local, regional y nacional. Al respecto, varias iniciativas legislativas en el Congreso han levantado sospechas dentro del sector minero debido a los beneficios que estas propuestas podrían proporcionar a la minería ilegal. Esta perversa deliberación afecta así la estabilidad y confianza en el país. En Pataz, una provincia del departamento de La Libertad, es donde se presentan más incógnitas sobre el futuro de otras unidades mineras si no se controla el avance de organizaciones criminales nacionales y extranjeras.

En lo referente al orden público e inseguridad en Pataz, este ha venido degenerando sostenidamente debido a la presencia y expansión de organizaciones criminales tanto vinculadas a la minería ilegal como a otras actividades ilícitas. Recientemente, la violencia en la zona ha aumentado, materializándose en atentados explosivos a torres de alta tensión, asesinatos de trabajadores y penetraciones en las faenas mineras con extracción de mineral e intentos de toma de las instalaciones. Esta crítica situación llevó al gobierno a decretar el estado de emergencia el pasado 14 de abril, por un periodo de 60 días. A estas alturas, una pregunta evidente surge: ¿tuvo algún efecto esta medida? La respuesta está en los hechos, no en las intenciones manifestadas por las autoridades.

La situación de orden público en Pataz puede convertirse en un punto de inflexión o, al menos, un caso de estudio respecto a la nueva criminalidad y su nivel de afectación no solo a una actividad productiva o económica sino a la democracia y capacidad de recuperación del orden interno e institucionalidad de un país.

Es necesario mencionar que en esta zona se genera más del 30% de la producción aurífera del Perú. De manera que, si el Estado es derrotado en La Libertad, o lo que es lo mismo, su acción es inefectiva, es altamente probable que aumentará enormemente la posibilidad de un efecto imitativo reflejado en el crecimiento del crimen organizado. Advertimos la progresiva y silente desestabilización del país –e incluso– de la región.

Impacto económico y social de la minería ilegal

De acuerdo con un estudio encargado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se estima que la minería no formal (informal e ilegal) produce más de 2,207 onzas de oro, o lo que es el 39.3% de toda la producción nacional. Dicho rédito económico se estima en US$ 4,000 millones al año. No es de extrañar que esto resulte sumamente atractivo para organizaciones criminales transnacionales violentas que han encontrado en la actividad minera nuevas formas de financiamiento ya sea mediante la extorsión a la minería formal e informal o el control y explotación de minería ilegal. Por ejemplo, esto es algo que se observa en estructuras como “Los Lobos” que avanzan desde Ecuador o el “Tren de Aragua”, que tiene presencia efectiva y compleja en Perú. De hecho, solo entre enero y octubre de 2023 se detuvieron a 11 de sus integrantes conocidos en la provincia de Pataz.

La coyuntura contemporánea ofrece una visión y dimensión de la magnitud de las ganancias involucradas en la minería ilegal misma que es tan significativa como inevitable de anticipar expresado en su continuo crecimiento y desarrollo. Las estructuras que participan en estas actividades son organizaciones criminales, tanto consolidadas como emergentes, operan emulando estrategias de guerrilla o insurgencia. Esto se manifiesta en el uso de armamento de guerra y explosivos, en la recurrencia a acciones de sabotaje de gran escala, en ataques a cuarteles policiales y en tomas de faenas mineras.

Dinámicas regionales y comparativas

A pesar de las particularidades de la situación en Pataz, la implantación, asentamiento y desarrollo del crimen organizado no se escapa de ciertos patrones comunes a varios países de la región que se enfrentan a este fenómeno. Entre ellas se puede mencionar:

Retracción del Estado y erosión de su legitimidad

El problema actual incluye diversas situaciones, desde las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte hasta la respuesta del Estado, que algunos consideran una sobre reacción, para aplacarlas. Esta situación trasciende una mera valoración subjetiva; independientemente de si se considera legítima o excesivamente represiva la acción estatal; el efecto concreto es el deterioro de la legitimidad de su autoridad disciplinaria. A esto contribuye, aunque de manera indirecta, la baja popularidad del gobierno de la presidente Dina Boluarte que bordea el 5% y la inestabilidad política general.

Históricamente, todos los antecedentes sugieren que la minería ilegal y, por ende, el crecimiento de las organizaciones criminales, experimentaron un importante impulso debido a la retracción del Estado durante la pandemia. Esta combinación de retracción estatal y protestas sociales, junto con la deslegitimación de las instituciones incluyendo la fuerza policial, es un fenómeno que también se observa en otros países de la región, como Chile, Colombia y Ecuador.

Criminalidad organizada polifuncional y adaptativa

Existe robusta evidencia empírica que apunta que, en la expansión de esta crisis de inseguridad y orden público en Pataz, las organizaciones criminales comenzaron prestando servicios de seguridad a la minería ilegal para luego pasar a la extorsión de sus “empleadores” hasta pasar a una etapa de gestión directa de la explotación minera. Así, por ejemplo, lo señala el reportaje del sitio Ojo Público: “[…] En los últimos tiempos, según los especialistas consultados por OjoPúblico, los criminales ya no solo dan ‘seguridad’ y extorsionan a los mineros, sino que también están incursionando en la actividad ilegal. Algunos, incluso, son propietarios de parte de los socavones”^[5].

El fenómeno del crimen organizado transnacional emergente se destaca por explotar muchos rubros (diversificación) que trascienden a algunas imágenes estereotipadas ligadas solo al narcotráfico. Esta nueva criminalidad es polifuncionaldedicada al tráfico de drogas, contrabando de alimentos y medicamentos, la trata de personas, la explotación de la prostitución, el cruce de migrantes por las fronteras, la extorsión, entre otros. Hablamos pues, de una suerte de “corporativización” cimentada por estructuras dotadas por un peculiar know-how (saber-hacer) y management (gestión) que no distan en lo absoluto de cualquier organización con fines de lucro excepto, claro está, en lo relacionado con su accionar ilegal y criminal.

El fenómeno migratorio y su impacto

Otra consecuencia de las actividades ligadas a la minería ilegal es la centralidad del fenómeno migratorio. Este juega un papel fundamental en la emergencia de esta criminalidad de última generación.

A pesar de que no se trata exclusivamente de un fenómeno latinoamericano (como pueden atestiguar los europeos), la migración latinoamericana y su vínculo con la nueva criminalidad, tiene directa relación con la situación de Venezuela y la descomposición progresiva del régimen bolivariano de Nicolás Maduro (y su asociación utilitaria con estas formas de criminalidad). Nos referimos a la exportación de organizaciones de crimen organizado y la expansión internacional de lo que distintas mafias y pandillas provoca. Características de esto último son palpables al examinar fenómenos complejos de imitación de la criminalidad local, de enfrentamiento y competencia o de acuerdos que configuran un cuadro caótico y desigual que demanda un enfrentamiento innovador y alejado de lógicas tradicionales de control estatal.

También existe el problema que la migración latinoamericana, en tanto factor coadyuvante de la criminalidad emergente. En este punto es necesario aclarar que los migrantes son la criminalidad ni mucho menos las personas que migran por situaciones económicas o de crisis social y política. Lo que si afirmamos es que los migrantes fungen de vehículo para la expansión de la criminalidad emergente. En otras palabras, advertimos la constitución de comunidades autorreferenciadasen los distintos países en donde se localizan y operan. Esto provoca dinámicas sociales, económicas y también criminales desconocidas para los Estados locales.

De igual modo, afecta a diversos territorios donde existe un vacío de poder lo que guarda directa relación con los problemas de retracción y alicaída legitimidad del actor estatal previamente mencionado. Pero como sabemos, en toda relación entre campos de fuerzas, el vacío no existe y la retracción del Estado será ocupada por el poder de la criminalidad. Si lo ponemos en términos empresariales, el market share (participación de mercado) de la presencia del Estado para la atención de las necesidades básicas de sus ciudadanos es aprovechado por estas estructuras delictivas que capitalizan la elefantiásica y aletargada reacción Estatal potenciada por la desidia, ignorancia e inoperancia de un poder Ejecutivo y Legislativo que operan sin coordinación evidente. Esto mismo aplica mediante una suerte de cascada desde el gobierno central a gobiernos regionales y locales.

Permisología y minería ilegal

Existen, además, dos variables significativas que son confluyentes y se retroalimentan en el Perú: 1) los excesivos plazos y burocracia que impone la normativa minera conocida como la “permisología” y 2) la proliferación de la minería ilegal. Esto se ve expresado en la composición de la cartera de proyectos de la minería peruana actual, donde solo el 20% está centrada en nuevos descubrimientos (exploración), mientras que el 80% corresponde a proyectos de renovación de reservas y ampliación de proyectos ya existentes.

La problemática social de la minería ilegal en el Perú

La economía en Perú experimentó un notable dinamismo entre 2003 y 2012, lo que permitió un crecimiento sin precedentes en varias actividades económicas. Sin embargo, este progreso también trajo consigo un aumento en actividades ilícitas como la tala ilegal, el narcotráfico y, especialmente, la minería ilegal. La minería, una actividad clave en Perú que representa más del 10% del PBI y alrededor del 62% de las exportaciones, ha visto un crecimiento en la gran y mediana minería formal pero también en cuanto a la pequeña minería informal e ilegal se refiere.

Es necesario recordar que el auge de la minería en Perú comenzó formalmente en 1993 con la entrada en producción de Minera Yanacocha, la principal mina de oro de América Latina. Previo a este periodo, gran parte del oro peruano se producía de manera informal. Desde entonces, la minería ha experimentado una expansión territorial considerable, presionando diversos ecosistemas en ciertos casos y generando una notable demanda de minerales a nivel global, especialmente por parte de Asia y otras regiones emergentes.

Etapas de la minería ilegal en Perú

Desde 2003, la minería ilegal en Perú ha atravesado tres momentos específicos en franjas temporales:

1) Expansión territorial y productiva: desde el 2003 al 2010, la minería ilegal evidenció un fuerte crecimiento, impulsado por el aumento sostenido de las cotizaciones de los metales, especialmente el oro. Como respuesta a este incentivo las organizaciones de mineros informales se consolidaron y la influencia económica, política y social de la minería ilegal se incrementó considerablemente. Este crecimiento se tradujo en una expansión territorial, afectando diversas regiones del país acarreando la serie de problemas anteriormente esbozados.

2) Visibilización de impactos y marco normativo: desde el 2010 al 2013, los graves impactos ambientales y sociales de la minería ilegal se hicieron más tangibles. Ante ello, las autoridades implementaron un marco legal para enfrentar las actividades ilícitas. Además, se declaró de interés nacional el ordenamiento minero, se definieron zonas de exclusión, se implementaron acciones de interdicción y se inició el proceso de formalización de los mineros informales.

3) Enfrentamientos y movilizaciones: desde el 2014 al 2016, este periodo se caracterizó por enfrentamientos entre el gobierno y los mineros ilegales, con movilizaciones y paros mineros que criticaban abiertamente el proceso de formalización. Representantes de los mineros ilegales lograron algunas victorias políticas, como la gobernación de Madre de Dios, consolidando así su influencia en ciertas regiones. Aunque el crecimiento del sector se desaceleró debido a la caída de las cotizaciones internacionales de los metales y a la implementación de políticas de mayor control, la influencia de los mineros ilegales en el ámbito social y político se mantuvo fuerte.

Minería ilegal vs minería informal

En el presente, la minería informal e ilegal son términos a menudo confundidos, pero que representan fenómenos sumamente distintos con impactos significativos en el ambiente, la sociedad y la economía. La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) ha sido una actividad tradicional en Perú, y su expansión desordenada fue incentivada por el incremento del precio del oro principalmente entre 2001 y 2011. A pesar de que la legislación peruana diferencia claramente entre minería ilegal e informal, los efectos de ambas son marcadamente diferentes.

1) Minería ilegal: se define como la exploración, extracción y explotación de recursos minerales que no cumple con las exigencias legales y administrativas. Esta actividad se lleva a cabo en espacios prohibidos, como áreas naturales protegidas, riberas de ríos y zonas arqueológicas, utilizando maquinaria y métodos no permitidos, como dragas y mercurio, que causan graves daños ambientales. La minería ilegal está estrechamente vinculada con otras actividades delictivas, como el narcotráfico, el trabajo infantil y la trata de personas. Esta actividad no puede ser formalizada y es perseguida y sancionada por el Estado debido a sus características delictivas y su impacto negativo en la economía nacional, generando pérdidas significativas para la minería formal. La exportación de oro ilegal en Perú ha crecido junto con el aumento del precio de este mineral. Entre 2005 y 2023, el volumen exportado se multiplicó por siete, alcanzando 77 toneladas el año pasado.

2) Minería informal: se refiere a la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) que opera en zonas permitidas, pero que aún no cuenta con todas las autorizaciones necesarias. Aunque puede generar infracciones administrativas, no constituye un delito penal y tiene la posibilidad de entrar en un proceso de formalización (Registro Integral de Formalización Minera, Reinfo). Este proceso, iniciado con el Decreto Legislativo 1105 en 2012, busca legalizar y mejorar las prácticas sociales y ambientales de los mineros informales. No obstante, este proceso ha avanzado lentamente y ha mostrado pocos resultados tangibles, contribuyendo indirectamente a una sensación de impunidad en la minería ilegal.

Casos de contaminación y devastación ambiental

Cerro de Pasco, una ciudad históricamente minera, se enfrenta a niveles críticos de contaminación por metales pesados, que han afectado gravemente la salud de sus 80,000 habitantes. Las actividades extractivas, especialmente de la mina Raúl Rojas, han dejado un legado de devastación ambiental. Las muestras han revelado niveles alarmantes de plomo, arsénico y otros metales en el agua, suelo y aire, superando ampliamente los límites de seguridad establecidos por la OMS. Esta contaminación ha resultado en enfermedades crónicas y un coeficiente intelectual reducido en los niños. En Cerro de Pasco, el arte callejero con el lema "Vida sí, plomo no" refleja la lucha constante contra los peligros invisibles de la contaminación. La exposición a altos niveles de metales tóxicos ha causado irreparables problemas de salud a muchos niños de la zona, como cáncer ocular y hemorragias nasales crónicas. Esta situación subraya la negligencia estatal y la urgencia de una intervención efectiva, llámese, presencia del Estado.

La minería ilegal también ha provocado devastación ambiental en otras regiones como Madre de Dios, donde se han destruido ya más de 301,000 hectáreas de bosque en las últimas dos décadas. Además, genera importantes ingresos delictivos, superando incluso al narcotráfico en términos de ganancias. La minería informal, aunque menos perjudicial, sigue representando un desafío para la regulación y el control estatal.

Situación actual del Reinfo en Perú

En el Perú, alrededor de 200 mil mineros son no formales, de los cuales 87,771 están registrados en el Reinfo. De estos, solo 25,087 están avanzando en el proceso de formalización, mientras que el 71% ha detenido sus trámites. Como resultado, estos mineros disfrutan de “impunidad” ya que no pueden ser procesados solo por estar registrados, incluso si operan ilegalmente. El proceso de formalización, iniciado hace 20 años, ha logrado legalizar a solo 11,101 mineros, lo que, según expertos, indica un fracaso irrefutable.

Impactos sociales y el futuro de la minería ilegal

La situación en Cerro de Pasco es un ejemplo alarmante de cómo la falta de regulación y la negligencia estatal pueden llevar a consecuencias catastróficas para la salud y el bienestar de las comunidades. Adicionalmente, se generan precedentes históricos de rechazo en tanto la reputación de una actividad clave como la minería se ve mancillada por una agregación de ineficiencias e indiferencia por parte del Estado. Reiteramos que, mientras que la minería ilegal es una actividad delictiva con graves repercusiones sociales y ambientales, la minería informal representa una oportunidad para el desarrollo regulado y sostenible, siempre y cuando se implemente un proceso de formalización eficaz y continuo.

Ahora bien, la minería ilegal, como detalláramos líneas atrás, también conlleva a serios conflictos sociales. Por ejemplo, existe la colaboración entre frentes de defensa y sectores ilegales que facilitan el tránsito de camiones con minerales extraídos ilegalmente. Esta actividad no cuenta con ningún tipo de fiscalización, generando contaminación ambiental y desastres en infraestructuras viales perjudicando gravemente a las comunidades locales. En similar tenor, la minería ilegal está relacionada con delitos como la trata de personas, el trabajo infantil y el narcotráfico, lo que exacerba la vulnerabilidad y explotación de las poblaciones involucradas.

Precisiones finales

El crimen organizado y la minería ilegal representan amenazas graves para el Perú, tanto en términos de seguridad como de estabilidad económica y social. La transformación y diversificación del crimen organizado han permitido que estas organizaciones criminales se infiltren en la industria minera, explotando tanto a la minería formal como informal. Por ende, la magnitud de las ganancias involucradas en la minería ilegal es tan atractiva, volátil e impredecible que es inevitable anticipar su continuo crecimiento y desarrollo.

Los autores consideran que la única manera de enfrentar este problema de manera efectiva es mediante una política multisectorial robusta y sostenida, que incluya esfuerzos serios de formalización de la minería informal, una mayor coordinación entre las autoridades y una lucha decidida contra la corrupción en todos los niveles de gobierno. Asimismo, siendo la minería el motor económico de desarrollo del país, y considerando nuestro anhelo de poder ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), resulta primordial mayores esfuerzos y firmeza para tomar decisiones políticas no necesariamente populares, pero si, saludables para la viabilidad del país. Del mismo modo, hablar de una minería sostenible, más allá de los ejes social, ambiental y de gobernanza, resultara fatuo si no se aborda precisamente la problemática enquistada del crimen organizado que es transversal a estas tres aristas. Finalmente, urge contener la expansión del crimen organizado en la industria minera si lo que queremos es proteger la democracia y el Estado de derecho en el Perú.

^[1] Ph.D. en Organization and Management por la UNSW, Australia, y Master in International Development por la University of Pittsburgh, EE.UU. Con más de 25 años de experiencia, ha sido profesor-investigador en ESAN Graduate School of Business, Jefe de Desarrollo Sostenible en Alicorp, Jefe de Operaciones para Sodexo Perú y Argentina, y consultor senior para Mincetur.

^[2] Managing Director for South America Southern Pulse www.southernpulse.com. Consultor e investigador de campo enfocado en comprender las dinámicas y fluctuantes problemáticas sociales y criminales en Latinoamérica. Autor del libro “Un Virus entre sombras” La Expansion del crimen organizado y el narcotrafico en Chile. Editorial Catalonia (junio 2024).

^[3] Douglas Farah. Fourth Transnational Criminal Wave. Publicado en Junio 2024 por el Gordon Institute for Public Policy de la FIU. Disponible en https://digitalcommons.fiu.edu/jgi_research/64/